El Ministerio Público en la audiencia de primera declaración que se inició el viernes y continuó hoy le ha solicitado a la jueza Marta Sierra de Stalling, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que los 22 sindicados sean ligados a proceso judicial por los delitos de asociación ilícita y contrabando aduanero.
En la audiencia de hoy los fiscales concluyeron la serie de acusaciones contra los 22 integrantes de la agrupación que fue aprehendida el pasado jueves durante una serie de allanamientos en donde localizaron más de cinco millones de quetzales.
La investigación fue dirigida por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad con el asesoramiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el apoyo logístico del Ministerio de Gobernación.
Cuatro declaran
De los 22 imputados solamente cuatro hicieron uso de su derecho de declarar ante la jueza pesquisidora. El primero fue el supuesto enlace de las estructuras Giovanni Marroquín, en seguida declaró Sebastián Herrera Cabrera, jefe de recursos humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria, el tercero fue Julio Rogelio Flores Palma y por último Adolfo Sebastián Batz Rojas. El resto se abstuvo a emitir su declaración, solamente dieron sus datos personales ante la judicatura.
Concluida la fase de las declaratorias de los sindicados, los abogados defensores presentaron sus argumentos ante la jueza Sierra de Stallíng, quien de forma atenta escuchó todas las intervenciones. Seguido los Fiscales a cargo de las investigaciones solicitaron que fueran ligados a proceso penal y que sean enviados a prisión preventiva por existir riesgo de fuga.
Guatemala, 20 de abril de 2015.
