La Fiscalía de Sección de Delitos contra la Trata de Personas, solicitó hoy al Tribunal “B” de Mayor Riesgo la pena de 3 a 30 años de prisión contra nueve personas implicadas en el caso primavera, por la adopción irregular de una menor que presuntamente fue secuestrada en su vivienda en el año 2006.
Las penas mayores fueron solicitadas contra el juez Mario Fernando Peralta, quien autorizó la adopción ilegal de la niña Angely Liset Hernández Rodríguez, cuando tenía 2 años, quien fue dada en adopción a una pareja de esposos residentes en Estados Unidos; y para la directora de la Asociación Primavera, Susana Loarca Saracho.
Peralta enfrenta delitos de prevaricato, denegación de justicia, trata de personas y asociación ilícita; y a Loarca Saracho de trata de personas, uso de documentos falsos y asociación ilícita.
Durante la diligencia la Fiscalía pidió que a ambos les sea inhabilitada la licencia de su profesión para que así estos no continúen laborando.
Al resto de los implicados se les señala de los delitos, Asociación Ilícita, trata de personas y uso de documentos falsos.
El MP explico que en esta estructura Participaban abogados, médicos, operadores de justicia, funcionarios de la Dirección de Migración, de la PGN e instituciones privadas guatemaltecas y de Estados Unidos.
Según las declaraciones de la colaboradora eficaz Alma Beatriz Valle ante El Tribunal que el exjuez de la niñez y adolescencia del departamento de Escuintla Mario Peralta Castañeda, recibía 2,000 dólares por cada menor de edad que fuera dado en adopción irregular al extranjero.
También describió como operaba la fundación primavera, señalando a Susana Loarca Saracho, de ser la persona que coordinaba las adopciones, explicando que derivado de la participación del juez Peralta en la estructura de adopciones ilegales, se instaló una sede de la fundación en el departamento de Escuintla.
Guatemala, 2 de junio de 2015.