La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público presentará las escuchas que fueron interceptadas en el Caso Redes. Una investigación realizada en conjunto con la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), un caso en el cual se detectaron supuesto tráfico de influencias entre el Gobierno y dos empresas privadas.
En la jornada de hoy la fiscalía presentó las escuchas telefónicas interceptadas, mediante orden de juez competente, entre julio y octubre de 2014 se involucra la empresa Zeta Gas Centroamericana S. A. que se interesa en obtener la autorización de la SAT para construir el depósito aduanero en Puerto Quetzal con un pago mínimo de impuestos, el cual sería de U$ 5 millones de dólares y terminó pagando Q5 de quetzales.
Otro caso se detecta que Medina Farfán ayudó a Carlos Enrique Muñoz Roldán, Superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, para que ayudara a resolver la situación jurídica de la causa 011070-2004-01948 por los delitos de estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude.
En junio de 2014, Farfán contacta a la abogada Sandra Elizabeth Vargas Aldana, quien trabaja en la Secretaría General de la Presidencia, y le solicita que le ayude a resolver la situación legal de Muñoz. Es ahí que contacta al Juez Décimo de Primera Instancia Penal José Luis Piché, quien está de acuerdo siempre y cuando le asigne dos plazas en la SAT, una para su cuñado.
La tercera negociación se realizó con la empresa Jaguar Energy Guatemala que solicitaba reuniones para la presentación de proyectos o propuestas empresariales y gestiones para protección de intereses de la empresa, para traficar influencias a favor de dicha empresa.
La audiencia fue suspendida a las tres de la tarde por la jueza suplente del juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, la cual fue programada para que continúe mañana.
Guatemala, 14 de julio de 2015.