La función pública está enmarcada en obligaciones y responsabilidades con la sociedad guatemalteca, cuando esto no ocurre, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos tiene la obligación de iniciar la persecución penal, esencialmente en contra de funcionarios.
La Fiscalía de Delitos Administrativos, ubicada en el Centro contra la Corrupción (23 calle 0-22 zona 1) para su funcionamiento y ágil respuesta a la ciudadanía, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, fortaleció este año dicha Fiscalía dotándola con más personal y reforzamiento de las capacidades en investigación y persecución penal
Resultados de la Fiscalía
A noviembre de 2015, la Fiscalía ha obtenido un total 62 sentencias condenatorias, de estas, 24 fueron dictadas por procedimiento común y 35 por procedimiento abreviado.
Además, se ha presentado un total de 140 acusaciones, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, hurto agravado, amenazas, abandono de cargo, lesiones leves, cohecho pasivo, desobediencia, lesiones culposas, prevaricato, resoluciones violatorias a la constitución, falsedad material, falsedad ideológica, hurto, robo agravado, entre otros ilícitos penales.
En el mismo período el personal fiscal ha recibido 2 mil 324 denuncias por distintos delitos, siendo los más recurrentes el abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. (ver cuadro de
estadística).
Antejuicios
Durante el año se han presentado un aproximadamente 33 antejuicios en contra de funcionarios; de estos, algunos han sido declarados con lugar, con el objeto que la Fiscalía inicie la investigación correspondiente.
Entre estos figuran los antejuicios planteados en contra de los jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula, Carlos Guillermo Sosa Buezo y Luis Salvador López Mejía, los cuales fueron declarados con lugar por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula.
La Fiscalía informó que este año se declaró con lugar el antejuicio presentado contra el alcalde municipal de Santiago Sacatepéquez, Manuel Augusto Navas Navas, según consta en el expediente. Asimismo, contra el alcalde municipal de San Juan Comalapa, Chimaltenango, Valeriano Pichiyá Culajay, por el delito de abuso de autoridad.
Detenciones de personal de la PNC
Hasta noviembre de 2015, un estimado de 26 agentes de la Policía Nacional Civil fueron detenidos por distintos delitos. En su mayoría han sido ligados a proceso y enviados a prisión preventiva por los delitos de plagio y/o secuestro y cohecho pasivo, lesiones leves, abuso de autoridad, falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y detenciones ilegales.
El 22 octubre, 2015, la Fiscalía de Delitos Administrativos logró una condena histórica de 33 años por el delito de plagio o secuestro, en contra de elementos policiales asignados a la Unidad contra la Trata de Personas de la División Especializada en Investigación Criminal.
Se trata de Germaín Pineda, Ángel Esteban y Nora de León Corado. De acuerdo con las investigaciones los hechos fueron cometidos el 31 de julio de 2014 y 2 de agosto del mismo año.
Algunos casos
WISA S.A. Panamá y Tiendas Libres de Guatemala TLG
o El 31 julio de 2015.
Cronología
La investigación se inicia en abril de 2013 a fin de establecer las circunstancias que permitieron a las entidades Grupo WISA S. A. de Panamá y Tiendas Libres de Guatemala S. A. obtener la autorización para operar como tiendas libres del pago de impuestos.
La Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos concluyó mediante investigaciones que la Superintendencia de Administración Tributaria fue la entidad que autorizó la exoneración de impuestos del Grupo WISA y TLG; pese a que es el Organismo Legislativo que tiene injerencia en estos temas. La Corte de Constitucionalidad, ya emitió una sentencia en la cual indica que ese proceso es una simulación jurídica, el cual se encuentra en un expediente y que fue emitido el 11 de julio de 2012.
En ese sentido, coordinaron las investigaciones que dieron como resultado la aprehensión de cinco personas vinculadas al caso “Tiendas Libres de Guatemala” que evadieron impuestos por lo menos de Q59 millones en tres años.
La Fiscalía gestionó nueve allanamientos ante el Juzgado Quinto que autorizó 12 órdenes de aprehensión en el ámbito nacional y tres internacionales. Según la pesquisa los hechos ocurrieron del año 2009 al 2012.
En el operativo fueron detenidos el exsuperintendente de la SAT del período 2008-2012, Rudy Baldemar Villeda Vanegas; el exintendente de aduanas Oscar Humberto Funes Alvarado; exsupervisor de programación de auditoría Mario Raúl Guzmán Marroquín; la exjefa de gestión aduanera; Lidia Lucrecia Roca Morales y de la exjefa de la Unidad de Normas y Procedimientos Mayra Patricia Rodas Ruano.
En la investigación preliminar se estableció que los aprehendidos habrían cometido los delitos de caso especial de defraudación aduanera, que tiene penas de tres a seis años de prisión; incumplimiento de deberes, que tiene un castigo de uno a tres años de cárcel; resoluciones violatorias a la Constitución de la República de Guatemala, con pena de uno a dos años de prisión; y usurpación de atribuciones, con un castigo de seis meses a dos años.
Cierre de tiendas
Como parte de este proceso, el 8 de octubre de 2015, el Ministerio Público, coordinó el cierre temporal de 10 tiendas y una bodega de la empresa Tiendas Libres de Guatemala, S, A, conocida como La Riviera, ubicadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El cierre temporal de los locales fue autorizado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
Venta ilegal de medicamentos
El 8 julio de 2015
La Fiscalía de Sección Contra Delitos Administrativos dirigió la aprehensión de 21 personas que dedicadas a la venta ilegal de medicamentos que les eran entregados a pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.
Las pesquisas iniciaron a partir de una denuncia interpuesta por personal del IGSS, el pasado 17 de marzo de 2015, donde se indica que un grupo de personas venden medicamentos propiedad del Estado. Mediante el seguimiento se determinó que estas personas negocian los medicamentos con afiliados del Seguro Social para luego venderlos en el mercado de La Florida.
Los operativos se realizaron en las zonas 1, 9 y 19 y los detenidos son sospechosos de cometer los delitos de establecimientos o laboratorios clandestinos que tiene penas de 6 a 10 años de privación de libertad y multa de Q50 mil a Q500 mil; y por tráfico ilegal de fármaco, drogas o estupefacientes; que estipula la sanción de 3 a 5 años de prisión y multa de Q500 a Q5 mil.
Los capturados fueron: José Mario Pérez Velásquez, Leonel Rosales Estrada, Mayro Leonel González Pineda, Mirian Guevara Rodríguez, Moisés Humberto Colindres Luna, Edwin Rolando Alvarado Gómez, Gilmar Rivas Molina, Denis Ángel Acajabón Salazar, Vilma Judith Burrión de Acajabon.
Además, se aprehendió a: María Nancy Acajabón Salazar, Bilser Rosbelí López, Víctor Alberto Quej Quej, María Elizabeth García Santiago, Juan Aroldo Cordón Meda, Iris Vásquez Cabrera Contreras, Odilia Maritza González Pineda, Aurora Icó Cac, Patricia Isabel Urrutia Vicente, Silgi Raquel Amézquita García, María del Carmen Estrada y María Teresa Mash Donis.
Tráfico ilegal de personas
El 19 agosto de 2015
En seguimiento a una alerta presentada por la Embajada de Estados Unidos, la Fiscalía de Delitos Administrativos dirigió seis allanamientos, donde se capturó a sospechosos de cometer el delito de tráfico ilegal de personas.
Las pesquisas de la Fiscalía permitieron establecer la existencia de un grupo, encargado de captar ciudadanos centroamericanos, quienes a cambio de una remuneración económica, se encargaban de facilitar certificaciones de nacimiento, así como documentos de identificación, para luego conformar familias ficticias con el propósito de obtener la visa estadounidense.
Tras las diligencias de allanamiento se logró la aprehensión del abogado Luis Fernando Reynoso Martínez, María Morena Zúñiga Cervantes, Esvin David Medina de León y Yandira Arseli Méndez Florián, quienes de acuerdo a las investigaciones cobraban U$. 6 ,000.00 por cada persona a quien beneficiaban con los trámites anómalos.
Los sindicados son presuntos responsables de cometer los delitos de tráfico ilegal de personas y supresión y alteración de estado civil. Durante los allanamientos, además de las detenciones, se incautaron dos armas de fuego, 10 documentos de identidad, 10 celulares y un lote de joyas.
Venta de plazas en el Congreso
El 3 de julio del presente año
La Fiscalía de Delitos Administrativos logró que en audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto de Instancia Penal fueran ligados a proceso y quedarán con arresto domiciliario cinco sindicados de vender plazas en el Congreso de la República.
Se dictó auto de procesamiento en contra de: Edgar Eduardo Catalán, jefe de supervisores de Recursos Humanos, Ofelia Mercedes Villafuerte, jefa de Recursos Humanos, Rudy Escobar Villagrán y Elisa Méndez Cardona señalados de encubrimiento propio, mientras Silvia Meneses fue ligada a proceso por cohecho activo.
En el expediente consta que el 18 de marzo de este año, por medio de una denuncia ante el MP se acusaba a un trabajador de Recursos Humanos del Congreso de la República de estafar a una persona, que le habían pagado Q128 mil 241 a cambio de obtener tres plazas administrativas.
En la investigación realizada por la Fiscalía se determinó que en septiembre de 2014, Silvia Meneses le entregó el dinero a José Manual Juárez López, prófugo de la justicia, para que en noviembre iniciara labores su sobrina con una plaza de 18 mil quetzales y dos plazas de 12 mil para sus nietas.