La experta mexicana Elis Gabriela Mendoza Mejía, fue propuesta este día por el Ministerio Público para rendir el peritaje denominado Arquitectura Forense con relación a La Violencia de Género en Tres Escalas Arquitecturales, presentado durante el Juicio Sepur Zarco ante el Tribunal “A” de Mayor Riesgo contra el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig.
El análisis realizado por Mendoza Mejía se enfocó en la violencia militar dirigida contra las mujeres, destrucción de las comunidades por medio de violencia sexual y la escala regional que tienen que ver con patrones continuos de violencia y la transformación del área que fue quemada y hoy en día son tierras de productos de exportación aprovechada por otras personas.
Durante la presentación ante el Tribunal, la forense determinó que, durante el conflicto armado, mujeres queqchi de numerosas áreas de Izabal y Alta Verapaz, fueron retenidas como esclavas domésticas y sexuales en el puesto militar establecido en Sepur Zarco.
El resultado del estudio fue presentado de acuerdo a los testimonios de las mujeres víctimas de los hechos cometidos en 1982, 15 fueron las madres y jóvenes violadas por soldados que ingresaron violentamente a sus hogares y frente a sus hijos.
La arquitecta también manifestó que de acuerdo a estos hechos, los integrantes del ejército secuestraron y desaparecieron forzosamente a los esposos de las afectadas, campesinos que se habían organizado para obtener los títulos de sus tierras.
Resaltó que en este caso de Sepur Zarco no es uno aislado, fue premeditado en una lógica amplia de control miliar y violencia sistemática dirigida a personas según su género y en actos perpetrados que fueron dirigidos de forma despiadada contra las mujeres y sus hijos.
El caso marca un momento histórico que pone de manifiesto no solo la violencia sexual y de género sino una parte central de la estrategia militar y de los crímenes de guerra cometidos por el Ejército de Guatemala.
Reitera que la arquitectura forense se basó en el hecho de presentación de imágenes, fotografías de satélites, tecnología sensorial remota, esta evidencia visual y digital se ha convertido en prácticas comunes en muchos tribunales en lo largo del mundo, las cuales han tenido avances considerables en el campo de los Derechos Humanos.
Refirió que, al utilizar estas tecnologías, los arquitectos forenses pueden entender y comunicar una variedad de información sobre patrones de violencia y rutas de migración, estrategia militar y la construcción, destrucción de asentamientos humanos.
“Nuestra meta a través de este reporte es reconstruir y representar visualmente los testimonios de testigos, y encontrar nuevos patrones de violencia por medio de análisis de imágenes, y mapas a lo largo de varias escalas incluyendo destacamento, comunidades y región” finalizo la experta.
Más peritajes
En el juicio también fueron presentados los peritajes del Técnico de escena del crimen Luis Renato Mauricio Figueroa quien validó las fotografías que se realizaron en las excavaciones efectuadas en el destacamento militar Sepur Zarco en las distintas diligencias realizadas por el Ministerio Público.
También declaró Oscar Eduardo Aragón de Paz Técnico de Investigación Criminal quien ratificó los informes efectuados en la finca Tinajas, de los cuales efectuó fotografías.
El Tribunal también procedió a presentar la declaración de medio de prueba anticipada del testigo Miguel Ángel Caal quien detalló durante la diligencia que el Ejército de Guatemala llegó a la comunidad en 1981 y quien tenía el mando era el teniente Reyes Girón López, él tenía el mando entre 15 a 20 soldados.
Recordó que el ejército reportaba de todo lo que sucedía en la zona militar, ahí fueron llevadas muchas mujeres que eran viudas quienes cocinaban la comida para todos los militares.
El testigo centa que al destacamento militar llevaron a Dominga Cuc a quien los patrulleros le dieron muerte junto a sus dos hijas pequeñas.
Relató que todas las mujeres llevadas a la base militar fueron abusadas sexualmente por los soldados, ahí había una casa especifica donde permanecían dos horas donde la violaban.
La diligencia de anticipo de prueba estuvo a cargo del Jueza Miguel Ángel Gálvez, en el año 2012, quedó bajo reserva y el declarante fue identificado como testigo A.
Guatemala, 19 de febrero 2016.