La Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público culminó este día las imputaciones contra los sindicados del caso Impunidad y Defraudación, una red de corrupción que supuestamente funcionó a lo internó de la Superintendencia de Administración Tributaria y que fue descubierta con las investigaciones en el caso de las entidades Aceros de Guatemala y Tres Puertos.
Ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B, los Fiscales presentaron las imputaciones contra Evelyn Yulissa Natareno Gómez, Elder Hermelindo Fuentes García, José Antonio Mangandi Ortiz, Nidia Verónica Espina Batres, Giovanni Estafan Reyes Pérez, Osmin Ronaldo Seijas Díaz, Julio Ernesto Román García y Alicia López Paiz.
El fiscal a cargo de la investigación le imputó a Natareno Gómez los delitos de asociación ilícita, con agravación de la pena y obstaculización a la acción penal porque ordenó elaborar informes con datos inexactos. Fuentes García por tráfico de influencias, colusión, cohecho pasivo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
Mientras que Mangandi Ortiz, Espoian Batres, Reyes Pérez, Seijas Díaz, román García y López Paiz, fueron sindicados por asociación ilícita y obstaculización a la acción penal. A Giovanni Marroquín Navas, Alfonso Romero Castillo Castro, y los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala, y Tres Puertos; Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc; fueron sindicados durante la jornada del lunes.
El Fiscal a cargo del litigio de este caso le ofreció al juez los elementos de convicción, tales como autorizaciones judiciales, cada una con fechas de cuando fueron autorizadas, además indicó que existe una denuncia de 13 mil 600 quetzales de fecha 14 de marzo de 2012, la cual fue ampliada en enero de 2015.
Las cifras de la defraudación suman Q. 255 millones 612 mil 266. 82 que las entidades Aceros de Guatemala y Tres Puertos habrían dejado de pagar al Estado de Guatemala. Las imputaciones son respaldadas con las escuchas telefónicas interceptadas mediante órdenes de juez competente.
En las pesquisas de la Fiscalía se establece que Giovanni Marroquín, quien también está ligado al caso la Línea, coordinó con personeros de las entidades ya mencionadas y empleados de la SAT y dos intendentes más, la alteración de informes que el ente recaudador había presentado en el año 2012 con los que se pretendía dejar sin efecto las acciones legales contra las empresas.
La audiencia continuó con las declaraciones de los sindicados; de los primeros cuatro: Pedro José Paiz Valdez, Alfredo Muñoz, Rigoberto Chacaj y Frank Trujillo, solamente éste último declaró.
La audiencia ya suma cinco días y continuará mañana en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo “B” a partir de las nueve horas con la posibilidad de que rindan su primera declaración los sindicados.
Guatemala 23 de febrero de 2016.