El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, logró esta tarde demostrar la culpabilidad de Esteelmer Francisco Reyes Girón, teniente coronel retirado, y Heriberto Valdez Asij, ex comisionado militar, acusados por los crímenes de guerra ocurridos en los años de 1982 y 1983.
Ambos fueron encontrados responsables de los hechos y condenados con penas de cárcel que van de los 120 años a los 240 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada y asesinato.
Con base a las pruebas presentadas por los fiscales del Ministerio Público Heriberto Valdez Asij fue condenado a 240 años por los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada; mientras que Esteelmer Francisco Reyes Girón a 120 por asesinato y delitos contra los deberes de humanidad.
El juicio inició el 1 de febrero y estuvo a cargo por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmin Barrios y los vocales Patricia Bustamante y Gerbi Sical.
Los tres juzgadores luego de cerrar el debate procedieron analizar por siete horas las pruebas que fueron presentadas por el MP desde que inició el juicio público y penal.
Con base a los presentados por el MP, el Tribunal dictaminó que en el destacamento militar Zepur Zarco en el departamento de Izabal, se cometieron vejámenes contra las mujeres de la región quienes sufrieron esclavitud sexual, violaciones, desapariciones forzadas de sus esposos e hijos, malos tratos, discriminación y la pérdida de sus viviendas.
Estos hechos fueron demostrados por la Fiscalía a través de testimonios de las 11 víctimas por medio de anticipos de prueba realizadas, peritajes nacionales y extranjeros, la declaración de testigos quienes narraron los sufrimientos que vivieron hace 33 años, así como por medio de prueba científica y documental.
La investigación
La investigación por el MP, inició por una denuncia presentada por tres organizaciones en la Fiscalía de Izabal; donde daban cuenta de una serie de delitos cometidos en contra de un grupo de mujeres que declararon haber sido víctimas de abusos físicos y sexuales por parte de integrantes del Ejército de Guatemala hace 33 años.
La querella presentada detalla que de forma temporal en diferentes fincas, de las comunidades del municipio de El Estor, del departamento de Izabal y del municipio de Panzós del departamento de Alta Verapaz, fueron instalados destacamentos militares con anuencia de los propietarios de los terrenos, lo que dio inicio por parte de miembros castrenses con colaboración de comisionados militares, ayudantes de comisionados y patrulleros de autodefensa civil, la captura de hombres que gestionaban la propiedad de tierras, dichas personas fueron torturadas y posteriormente asesinadas o desaparecidas, esto último lo que presuntamente provocaría que fueran considerados enemigos internos.
Justicia para las víctimas
Hoy 33 años después, mujeres y hombres fiscales lograron con base a una extensa investigación realizada, que el Tribunal de Mayor Riesgo dictara sentencia en contra de dos militares retirados acusados de vejámenes en contra de la población civil de la comunidad Sepur Zarco.
Guatemala, 26 de marzo de 2016