El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección de Delitos Contra el Medio Ambiente con base a la investigación preliminar, logró que el juez dictara auto de procesamiento, contra Yener Haroldo Plaza Natareno, quien funge como alcalde de San Lucas, Sacatepéquez.
Los delitos por los cuales fue ligado a proceso penal son, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, atentado contra el patrimonio cultural y natural de la Nación y uso de documentos falsificados.
Según la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, el 10 de junio de 2015 se presentó la solicitud de antejuicio contra el jefe edil, el cual fue declarado con lugar, retirándole la inmunidad a finales de 2015; no obstante, el Tribunal Supremo Electoral le dio posesión nuevamente del cargo por reelección.
Los hechos
En la investigación preliminar se detectó que el Concejo otorgó una licencia municipal para urbanización a la entidad Desarrollos Europeos S. A., para desarrollar el proyecto San Lucas, Forest II, según el acta 55-2014, de fecha 28 de junio 2014, libro 39 de actas de decisiones ordinarias del Concejo Municipal.
El Concejo por unanimidad resolvió otorgar dicha autorización; sin embargo por tratarse de una cuenca alta, necesitaba de permisos especiales de las entidades como el Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente.
Posteriormente, Plaza avaló el proyecto ubicado en el kilómetro 28.6 de la carretera que conduce a Bárcenas, autorizando la tala de árboles en tres hectáreas, sin tener los permisos correspondientes, para lo cual utilizó documentos falsificados.
Otros implicados
Por este caso se encuentran ligados a proceso penal los miembros del Concejo de la Corporación Municipal que dieron el aval. Se trata de Roduel Borrayo, Marco Ramírez, Reginaldo Rejopachí, Gustavo Borrayo y Teresa Ixmatul. Para el 21 y 22 de este mes está señalada la audiencia de etapa intermedia.
A Yener Plaza, el juez le otorgó medida sustitutiva que consiste en arraigo, firmar el libro cada 15 días y el pago de una caución económica de Q. 50 mil.
Guatemala, 19 de abril de 2016.