La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público Thelma Aldana recibió el informe de Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Guatemala por parte del Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en un evento realizado en el auditorio Luis Cardoza, en donde participaron el vicepresidente de la República Jafeth Cabrera Franco y la Representante Adjunta de UNICEF, Mariko Kagoshima.
El objetivo del estudio es orientar políticas públicas, presupuestos y estrategias de investigación para identificar y desarticular las estructuras responsables de este delito. La Fiscal General manifestó que aunque existe la Ley Contra la Trata de Personas para combatir este delito, sólo se han impulsado acciones aisladas. Y reiteró que se mantiene la necesidad de impulsar más acciones para prevenir este flagelo.
Uno de los aspectos que resaltó la Jefa del Ministerio Público son las coordinaciones que se realizan para que en todas las Fiscalías de Distrito estén capacitados para enfrentar este tipo de delitos que afectan desde la niñez así como también a los adolescentes.
El Comisionado Iván Velásquez señaló que el informe demuestra la gravedad del problema que afecta a niños, niñas y adolescentes, por eso este problema no debe pasar inadvertido y tiene que despertar una reacción de la ciudadanía para erradicarlo.
La Fiscal General destacó que Guatemala es utilizada como un país de origen, tránsito y destino para este delito.
El Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera Franco, se comprometió, para que desde el Ejecutivo iniciar acciones en conjunto con las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema para prevenir y erradicar este fenómeno criminal. Extendió el llamado a la sociedad para que en su conjunto se impulsen acciones.
La Representante Adjunta de UNICEF, Mariko Kagoshima, señaló los hallazgos del informe y detalló que ante las características de este fenómeno y la sociedad es necesario una respuesta de la ciudadanía e instituciones nacionales, la que debe orientarse hacia tres ejes: erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual, apoyar a las víctimas y aplicar justicia.
La trata de personas con fines de explotación sexual es una grave violación a los derechos humanos, especialmente contra los niños, niñas y adolescentes. Este delito conlleva consecuencias devastadoras para las víctimas, como traumas físicos y psicológicos, enfermedades sexuales, desnutrición, aislamiento social y, en algunos casos, el suicidio o la muerte en manos de explotadores o clientes.
Algunas cifras
Se estima que en Guatemala hay aproximadamente 48,600 víctimas directas de trata de personas con fines de explotación sexual, y que las ganancias ilícitas generadas por este delito alcanzan los 12,300 millones de quetzales, lo que equivale al 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más del presupuesto total de educación para la niñez y la adolescencia estimado en 1.44% del PIB, en el 2014.
Este delito involucra de manera recurrente a agentes del Estado, quienes tienen acceso ilegal a registros de identidad, movilidad migratoria, facilidades de transporte, permisos sanitarios, entre otros.
El informe analiza las redes de explotación, el perfil de los tratantes y los mecanismos utilizados de captación, traslado, acogida y explotación. Se caracterizan los centros de explotación sexual por estrato económico, y se realiza una aproximación de los flujos financieros ilícitos generados por la trata de personas con fines de explotación sexual.
También se examina la respuesta del aparato judicial a este fenómeno por parte de las instancias a cargo de la investigación y persecución penal; el procesamiento de los responsables de trata de personas y las medidas de reparación digna. Contiene un análisis cualitativo de los resultados en sentencias judiciales de la aplicación de la legislación en materia de trata de personas.
El documento contiene una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los tres poderes del Estado y a las instituciones gubernamentales autónomas y semiautónomas que tienen relación con el tema.
Guatemala, 26 de mayo de 2016.