En operativos en conjunto con el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la CICIG se capturó el día de hoy a cinco personas sindicadas de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014.

Luego de varios allanamientos fueron detenidos:
José Javier Donis Álvarez, actual gerente del IGSS.
Delitos: fraude y peculado por sustracción.
Dominga Estela Cuellar Hernández, subgerente de Integridad y Trasparencia
Delito: incumplimiento de deberes.
Rebeca Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Bussines Group, S.A. (contrato de arrendamiento).
Delito: fraude.
Carlos Ramiro Moino Cárdenas, representante legal de la entidad Supplies Trading, S.A. (contrato de ambulancias).
Delitos: fraude y defraudación tributaria.
Luis Alfredo Morales Palma, representante legal de la entidad Intellego, S.C. (contrato de Sistema SAP)
Delito: fraude.

LOS EVENTOS

Arrendamiento de edificio
El primer evento inició el 12 de septiembre de 2013. El señor Álvaro Manolo Dubón González, en su calidad de subgerente administrativo, solicitó a la División de Mantenimiento un reconocimiento al edificio de las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la Séptima avenida, 22-72, zona 1, para determinar si el inmueble cumplía con los requisitos de habitabilidad. El propósito era arrendar algún edificio con la excusa de que en el inmueble de las Oficinas Centrales había hacinamiento de personal.

Sin mediar publicación para que entidades manifestaran su interés al IGSS para arrendar algún inmueble, el 07 de mayo de 2014 se recibió una oferta de arrendamiento por parte de la empresa Coral Gables Bussines Group, S.A., para la renta del inmueble localizado en la 6a avenida “A” 9-52 zona 9 de la ciudad capital, por una renta mensual de TREINTA MIL DOLARES ($30,000.00) durante 5 años. Dicha empresa presentó de forma espontánea esa oferta y en papel sin membrete, incluso el nombre de la empresa estaba incompleto. Lo anterior permite sospechar de la informalidad y poca experiencia de la empresa ofertante.
Compra de Ambulancias
El segundo evento tiene relación con la compra de 50 ambulancias para el IGSS. El Proceso inició el 27 de diciembre de 2013, cuando se hizo la solicitud de 50 AMBULANCIAS, al departamento de Abastecimientos del IGSS, cuyo valor unitario de los vehículos serían de OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUETZALES, (Q.880,000.00). De acuerdo con la investigación, Álvaro Manolo Dubón González, subgerente administrativo en ese entonces, estimó ese precio, pese a que según las cotizaciones el costo de las ambulancias debería de ser menor, de acuerdo con las especificaciones requeridas por el IGSS.

Adquisición de Sistema SAP
El tercer evento inició el 21 de mayo de 2014. El Departamento de Informática del IGSS solicitó la adquisición de una Solución Integral de Sistemas Informáticas SAP o su equivalente que incluyera: la instalación, migración de datos, puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de Gestión Administrativa de los Recursos Gubernamentales (GRP), estimando su valor en Q243,000,000.00, sin justificar dicho valor. El IGSS contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores tanto administrativas como médicas, incluyendo los sistemas de contabilidad del Estado, SIGES y SICOIN, cuyo uso no puede prescindirse en las instituciones públicas.

Por los hechos expuestos serán citados para su primera declaración siete personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva por el caso IGSS-PISA:

Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente de la Junta Directiva del IGSS.
Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.
Julio Roberto Suárez Guerra, ex primer vicepresidente de la Junta Directiva del IGSS.
Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.
Jesús Arnulfo Oliva Leal, ex segundo vicepresidente de la Junta Directiva del IGSS.
Delitos: asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción.
Max Erwin Quirin Schoder, exvocal II de la Junta Directiva del IGSS.
Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.
Julia Amparo Lotán Garzona, ex vocal III de la Junta Directiva del IGSS.
Delitos: asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción.
6. Oscar Armando GarcÍa Muñoz, exgerente del IGSS.
Delitos: fraude y peculado por sustracción.
7 Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo del IGSS.
Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Guatemala, noviembre 23 de 2016.

El eficaz trabajo de recopilación y documentación de pruebas que realizó la Fiscalía de Sección de la Mujer en coordinación con la Fiscalía de Distrito de Petén del Ministerio Público dio como resultado que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer resolviera la sentencia condenatoria contra dos hombres en casos distintos.

El primero caso es la condena de 18 años de privación de libertad que resolvió el Tribunal en contra de Rigoberto Poou Chocoj, quien cometió el delito de violación con agravación de la pena en forma continuada.

Los Fiscales demostraron que durante el año 2010 cometió el hecho en contra de su víctima, una menor de edad, en el caserío El Mollejón  del municipio de Sayaxché, del departamento de Petén; además la Fiscalía de comprobó que el 11 de julio de 2013 volvió a cometer el hecho en el caserío Las Arenas, del mismo municipio y departamento.

Otro caso

Las pruebas que presentó la Fiscalía ante el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio demostraron que Carlos Humberto García López cometió el delito de violación con agravación de la pena, a quien le impuso el Tribunal una pena de 12 años de privación de libertad, en contra de una menor de edad en un hecho cometido en mayo de 2012.

Los Fiscales comprobaron que el hecho ocurrió a eso de las 11:00 horas en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de San José La Arada del departamento de Chiquimula, en las audiencias que se realizaron durante el debate se demostró por medio de los testimonios de la víctima que la amenazó de muerte y le dijo que si no se dejaba mataría a su mamá.

Luego de los hechos se trasladaron a vivir al municipio de Poptún Petén y como debido a la violación la menor de edad resultó embarazada y llegó al hospital en donde dio a luz a una niña producto de la violación se procedió a documentar el caso que concluye con la condena en contra del agresor.

Guatemala, 23 de noviembre de 2016

Luego de que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público demostró ante el juez que, Erik Ottoniel Villagrán Och no declaró bajo juramento ni justificó el origen de USD13 mil 107 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 990 pesos mexicanos y 50 quetzales, fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos.

El hecho se originó derivado que Villagrán no declaró el dinero referido en la instalaciones del Aeropuerto Internacional “La Aurora”, cuando pretendía viajar a los Estados Unidos de Norteamérica.

La judicatura le otorgó medida sustitutiva y convalidó la incautación del dinero en dólares, pesos y quetzales, mientras la investigación continúa.

Guatemala, 23 de noviembre de 2016

Tras al investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público fue procesada Lesly Yecenia Buch Guerra, por el delito de defraudación tributaria. Durante el proceso la sindicada pagó el monto defraudado lo que sumó más multa e intereses resarcitorios un total de Q.59 mil 988.48, razón por la que este día fue beneficiada por la suspensión condicional de la persecución penal.

Como parte de la medida desjudicializadora, el juez le impuso que reciba dos cursos de cultura tributaria y que contribuya con una donación a una entidad benéfica.

El caso se originó a raíz que Buch emitió facturas cuyos montos no coincidían con los de su proveedor, con la intención de defraudar al fisco con el monto de Q21 mil 114.48.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Libertad, Petén.

Guatemala, 23 de noviembre de 2016

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, logró que Delfino Marco Absel Alvarado López, fuera ligado a proceso penal por el delito de peculado por sustracción, con base a medios de convicción presentados durante la audiencia de primera declaración en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

La investigación realizada por la Fiscalía detalla que Alvarado López de 35 años, en su calidad de vigilante con funciones de administrador de ortopedia del Hospital Roosevelt, sustrajo óxido de etileno, el cual es utilizado para procesos de esterilización.

El hecho sucedió el 21 de abril del año 2015, cuando Alvarado López salía de sus labores y agentes de seguridad le revisaron sus pertenencias y le encontraron la sustancia química.

El Juzgado en su resolución también le dictó una  medida sustitutiva de arresto domiciliario, arraigo, la obligación de presentarse a firma el libro de asistencia judicial  y la prohibición de comunicarse con testigos del centro hospitalarios.

Guatemala 23 de noviembre de 2016

“Sirva entonces la Fiscalía contra el Delito de Femicidio como un tributo a las mujeres asesinadas en Guatemala, que como María Isabel Veliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz, fueron víctimas de la violencia machista y de la indiferencia del Estado de Guatemala”

Con esta expresión y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, inauguró este día la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en un acto público realizado en la sede del edificio central del Ministerio Público.

Al acto asistieron autoridades del Ministerio de Gobernación, la Vicepresidencia de la República, Representante de la ONU Mujeres en Guatemala, Juezas, Jueces, y Magistrados que integran órganos jurisdiccionales especializados, Altos Funcionarios y Fiscales del Ministerio Público, el señor Jorge Velásquez, padre de Claudina Isabel Velásquez Paiz; entre otros.

La Fiscalía de Delito contra el Femicidio fue creada mediante el decreto 18-2016 junto a las Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público y tiene como función principal promover la acción y persecución penal de los delitos que atenten en contra de la vida de las mujeres.

La misma está conformada por 56 trabajadoras y trabajadores debidamente capacitados con enfoque de género, que van a dedicarse permanentemente al cumplimiento adecuado a los procesos de investigación y persecución penal por la muerte violenta de mujeres en relaciones desiguales de poder. El proyecto se logró poner en marcha con un costo superior a los Q12 millones anuales.

Durante su intervención la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, señaló que la violencia contra la mujer es un delito que no solo debe ser castigado por la ley, sino que debe ser condenado socialmente.

“Es fundamental que la Institución sea facilitador para aportar soluciones en un conflicto de tantas consecuencias negativas y tanta destrucción moral de la sociedad, “nuestro compromiso es y seguirá siendo el de aplicar la ley, pero necesitamos de la ayuda de la sociedad para que en su conjunto por principio comprendamos que nunca debemos aceptar ni se puede permitir la violencia contra la mujer”.

En el Ministerio Público se han implementado políticas para identificar la violencia contra la mujer como un tema de interés transversal y prioritario en todas las fiscalías. También se ha generado estadísticas actualizadas sobre expedientes ingresados las solicitudes de acusación y condenas obtenidas. En ese sentido se ha logrado avanzar en facilitar el acceso a la justica para aquellas víctimas de este drama social en la fiscalía de la mujer.

Demanda histórica

Por su parte, Reyna de León, representante de ONU Mujeres en Guatemala, dijo que el funcionamiento de la Fiscalía es un acto histórico que responde a una demanda histórica que el país ha tenido, pero que representa un referente muy importante para la región latinoamericana, no debemos olvidar que el delito de femicidio es un profundo problema para nosotras las mujeres en Guatemala, de los 25 países que tienen las altas más altas de femicido alrededor del mundo, 14 están en Latinoamérica y eso habla de na región sumamente violenta y de una región que no reconoce como mujeres sujetas de derecho.

“Esta creación de la fiscalía ya ha estado dando algunos frutos y esperamos para el bien de Guatemala que haya muchos frutos más en la investigación especializada que realiza el MP. Desde el Sistema de Naciones Unidas y ONU Mujeres reiteramos nuestro apoyo al Ministerio Público para que la justicia especializada pueda avanzar y que los delitos cometidos contra las niñas y mujeres puedan ser perseguidos con la debida diligencia”, refirió de León.

Agregó: “De manera que hoy que celebramos el 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra las Mujeres, es relevante este paso que el Ministerio Público da, el camino para ampliar el acceso a las mujeres a la justicia no ha sido fácil, así lo prueban las condenas, como son los casos de María Isabel franco y Claudina Velásquez a quienes el día de hoy también rendimos tributos”.

Mientras que Berónica de León, jefa de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, resaltó que la Fiscalía está conformada por hombres y mujeres que han sido capacitados y sensibilizados con enfoque de género, libre de estereotipos y sexismos, conscientes de que las investigaciones que se realizan en los delitos de femicido y muerte violencia de mujeres deben ser exhaustivas, ordenas, organizadas, eficientes y hasta el máximo de las capacidades profesionales y materiales existentes.

“Exhorto a hombres y mujeres para que sigamos el ejemplo de la Fiscal General, para que en puesto, función o cargo en que nos desempeñemos erradiquemos la discriminación por sexo, edad, pertenencia étnica, referencia sexual y respetemos los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres y nos unamos en la lucha en pro del reconocimiento de nuestros derechos como mujeres, así como el reconocimiento de nuestras capacidades y en conjunto busquemos la justicia y la paz para que podamos decir en Guatemala “Ni una Más”.

Guatemala, 23 de noviembre de 2016.

La  investigación realizada por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, dio como resultado que cinco sospechosos vinculados con el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala y la empresa Lubricentro GT 40, fueran ligados a proceso.

La audiencia de Primera declaración fue realizada en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, donde el juez ligó al delito de fraude al excomandante general y primer jefe de los Bomberos Voluntarios César Augusto González Arroyo y a Raúl Arturo Chanquín Toc.

En el caso de Telma Leticia De León Godínez, contadora y tesorera de dicha institución, a los delitos de fraude y concusión.

En la resolución la judicatura les otorgó una caución económica de Q10 mil a cada uno y les dictó medidas sustitutivas de arresto domiciliario, arraigo, la obligación de comparecer cada 15 días a colocar su huella dactilar al sistema biométrico en el Ministerio Público, la prohibición de acercarse a cualquier estación de Bomberos Voluntarios y mantener comunicación entre sí.

La investigación

La Fiscalía estableció que, en el año 2008 al 2015, los Bomberos efectuaron 234 pagos consistentes en aceites, lubricantes y otros suministros a la entidad Lubricento GT 40,  por un monto de  9 millones 774 mil 409  quetzales, bajo la modalidad de compra directa y sobrevalorados, contraviniendo la Ley de Contrataciones

Asimismo determinaron  que  Luis Diego Sales De León y Gabriela Figueroa Dávila, quienes también  fueron ligados a proceso por fraude en este caso, son los propietarios de Lubricentro GT 40.

Los productos fueron adquiridos

Guatemala 23 de noviembre de 2016

La Fiscalía Distrital del Ministerio Público con sede en Huehuetenango coordinó esta mañana cinco allanamientos en la colonia Josefina, zona 5 del municipio y departamento de Huehuetenango con el saldo de la incautación de marihuana, así como la aprehensión en flagrancia de dos personas.

Los capturados son, Melquiades Augusto y Juan Antonio, ambos de apellidos Mauricio López, quienes fueron trasladados a un juzgado de la jurisdicción para que se les dé a conocer el motivo de la aprehensión, sindicados por los delitos de siembra y cultivo, así como por comercio tráfico y almacenamiento ilícito.

Entre los decomisado se encuentran varias bolsas de marihuana, así como una mata y una planta de la referida droga. La autorización para los allanamientos los giró el Juzgado Primero de Paz del referido departamento.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016

Con base a la investigación preliminar la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público, el juez le otorgó la suspensión condicional de la persecución penal a Ángel Aníbal Reyes Benito, derivado que pagó el monto por la cantidad de Q38 mil 819.00, que incluye multa e intereses resarcitorios.

Según la investigación, el 14 de mayo del año en curso, Reyes quien se conducía en el vehículo P852FRV, fue detenido en un procedimiento de rutina por la División de Puerto, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, en el kilómetro 230 de la Ruta al Pacifico, jurisdicción del departamento de Retalhuleu.

Las autoridades al verificar la mercadería evidenciaron que trasladaba, 10 cajas de camarón Shrimp, 77 costales de tentáculo de Jibia y 11 costales de concha marina, de los cuales no presentó documentación que amparara su procedencia.

Además, la fiscalía detalló que para la importación de mariscos se necesita de un certificado zoosanitario, el cual indica que el producto viene libre de enfermedades las cuales limitan el comercio internacional, además para transportar dicho producto se debe poseer una licencia.

Reyes fue procesado por los delitos de contrabando aduanero y contravención de medidas sanitarias.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016

El Ministerio Público mediante el trabajo de recopilación de pruebas que realizar la Fiscalía contra el Delito de Femicidio permitió que el Juzgado Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Zacapa tuviera a la vistas los indicios necesarios para resolver dictar auto de procesamiento contra Víctor Hugo Herrera y Herrera, quien será investigado por los delitos de femicidio consumado y violación con agravación de la pena.

La Fiscalía le solicitó a la judicatura correspondiente en la audiencia de primera declaración que Herrera quedara en prisión preventiva mientras se realiza la investigación y el Juez estableció que los Fiscales a cargo de la investigación presenten las conclusiones de la investigación en tres meses y programó la audiencia  de etapa intermedia en marzo de 2017.

Como parte de las pesquisas que trabaja la Fiscalía, en la audiencia de primera declaración le solicitó al juez la autorización para practicar la extracción de sangre al sindicado en calidad de anticipo de prueba para solicitar un cotejo con ADN, (ácido desoxirribonucleico) obtenido en los análisis que se extrajeron del cadáver de la víctima.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016.

El Ministerio Público por medio de la Agencia Fiscal de Asunción Mita en el departamento de  Jutiapa, logró una sentencia condenatoria de cinco años de prisión inconmutables en contra de Sara Débora Quezada de Toledo, por el delito de tránsito ilegal de personas.

Quezada Toledo es de nacionalidad salvadoreña y el 14 de agosto de 2014, conducía un microbús sobre el kilómetro 166.5 aldea San Cristóbal Frontera, Atescatempa Jutiapa,  donde trasladaba a  un menor de 16 años que era llevado ilegalmente a Estados Unidos donde aparentemente se reuniría con sus padres.

En la investigación realizada por el MP se determinó que el adolescente huía de El Salvador al haber sido amenazado  por pandilleros.

Guatemala 24 de noviembre de 2016

El Ministerio Público mediante la labor de la Fiscalía de Asuntos Internos logró que el Juez Cuarto del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz del municipio de Guatemala resolviera bajo el principio de descongestionamiento de los órganos jurisdiccionales la suspensión condicional de la persecución penal en favor de Leopoldo Mejía Toc, quien cometió el ilícito de incumplimiento de deberes.

En las pesquisas que documentó la Fiscalía se estableció que Mejía Toc  en su calidad de agente fiscal de la Fiscalía Municipal de Mixco omitió un acto propio de sus  funciones, al no cumplir con poner a la vista del Tribunal competente un arma de fuego, como evidencia dentro de un expediente que estaba a su cargo.

Debido a que el agente fiscal Mejía no presentó esa evidencia en la audiencia que se realizó el 26 de marzo de 2012, en un caso por el delito de portación ilegal de Armas de Fuego Defensivas y/o deportivas y atentado en donde el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió absolver al sindicado se inició la investigación en contra del agente fiscal.

La resolución de este día se sustenta en que la Ley contra la Corrupción entro en vigencia el 30 de noviembre de 2012 y los hechos ocurrieron el 26 de marzo del mismo año.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016.

Con base a la investigación de la Agencia de la Mujer de la Fiscalía Distrital de Chimaltenango fue condenado Nery Enrique Monzón Gil, a ocho años de privación de libertad inconmutables, por el hecho ocurrido contra una menor de edad, el 4 de octubre de 2015 en la zona 2 de Chimaltenango.

Según la investigación de la Fiscalía, en la fecha referida el victimario se aprovechó de la víctima, cuando esta se encontraba sola en un cuarto de alquiler. Los informes médicos presentados ante el juez por el MP demostraron que la agraviada fue agredida sexualmente.

Entre otras pruebas que presentó la Agencia de la Mujer fueron declaraciones testimoniales, documentos, así como peritajes socioeconómicos, este último corroboró la vulnerabilidad de la menor de edad ante el agresor.

El fallo lo dictó esta tarde el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016

Un total de 60 medios de pruebas presentados por la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión del Ministerio Público respaldaron las condenas emitidas hoy por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo Grupo A, contra Jorge Jair de León Hernández, alias El Diabólico y César Augusto Boche. El primero fue condenado a 168 años de prisión, el segundo a 48 años, por el asesinato de cuatro personas en julio de 2010.

Según los fiscales, de León fue condenado a ocho años por el delito de asociación ilícita, y por cuatro asesinatos recibió una condena de 160 años de prisión; mientras que César Augusto Boche recibió ocho años por asociación ilícita y 40 años por un asesinato.

Las pesquisas apuntan a que “El Diabólico” ordenó la muerte de cuatro personas, quienes fueron decapitadas y luego sus restos fueron abandonados frente al Congreso de la República, Centro Comercial Tikal Futura, en la colonia Lavarreda, zona 18, y en la colonia Paz, en la zona 4 de Villa Nueva.

Entre las pruebas con las que contó el MP están las declaraciones de tres colaboradores eficaces (exintegrantes de la Mara Salvatrucha), quienes narraron como ocurrieron los asesinatos y que las víctimas fueron elegidas al azar.

Antecedentes

El pasado 15 de noviembre inició el juicio en contra Boche y de De León Hernández, este último presunto cabecilla de la “Mara Salvatrucha”, ambos acusados de la muerte de cuatro personas el 8 de junio del año 2010, quienes fueron decapitadas y los restos abandonados con notas intimidatorias frente al Congreso de la República, centro comercial Tikal Futura, en la colonia Lavarreda en la zona 18 y la colonia La Paz en la zona 4 de Villa Nueva.

El pasado 11 de noviembre Boche fue condenado por otro caso a 220 años de prisión por la muerte de 13 personas entre ellas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Sistema Penitenciario en el año 2009 y 2010.

Guatemala 15 de noviembre de 2016

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- destacó hoy durante la presentación de su IX informe anual de labores, los resultados positivos obtenidos tras el trabajo coordinado con el Ministerio Público, lo cual ha permitido la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y redes político-económicas-ilícitas en diversas esferas del Estado y su alrededor, así como exponer los avances de investigación de 11 casos de corrupción descubiertos desde el año 2015.

La actividad se llevó a cabo en el Lobby del Ministerio Público y como invitados especiales asistieron, la coordinadora Residente de Naciones Unidas, el Presidente de la República; Vicepresidente del Organismo Legislativo; Presidenta del Organismo Judicial; Diputados del Congreso de la República; Ministros, Viceministros, Secretarios de Estado, Funcionarios de Gobierno, Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones, Jueces, Juezas y funcionarios del Organismo Judicial, representantes del Sector Justicia; Secretarios, Funcionarios y Fiscales del Ministerio Público, representantes de las iglesias y Universidades del País, Representantes de los Pueblos Indígenas de Guatemala, representantes de las Cámaras Empresariales y Sector Privado; Representantes de Organizaciones de Sociedad Civil, Embajadores acreditados en Guatemala, representantes de Organismos Internacionales, Cuerpo Diplomático, entre otros.

Durante su intervención la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, exteriorizó que el Ministerio Público pueda recibir a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG-, es una demostración de la forma coordinada en que se ha trabajado y de la cercanía entre los compañeros y trabajadores, cuyo esfuerzo y sacrifico es para construir una Guatemala distinta a la que encontró la Comisión el año de su establecimiento.

“Todos hemos sido testigos de cómo la justicia ha llegado a lugares y personas que antes nadie imaginaba. Es un buen momento para resaltar que estamos en medio del proceso de discusión de la necesidad de la reforma del sector justicia para que podamos buscar, con instituciones más sólidas en independencia y transparencia, el objetivo de un Estado de Derecho pleno y auténtico”.

Agregó: “No podemos olvidar que los extremos de la impunidad se extienden en el tiempo y que sus raíces son profundas en un sistema que ha sufrido por décadas las embestidas de grupos de poder que se organizaron para adueñarse por corrupción, presión y violencia de una sociedad temerosa y polarizada”.

La jefa del Ministerio Público, también recordó que a principios de la década de los años dos mil, se empezó a escuchar en Guatemala de los “CIACS” o cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, que mantenía secuestrada la operación del Estado para monopolizar sus beneficios y garantizar que, con la ausencia de la justicia, nunca se vieran amenazados los grandes intereses delos poderes ocultos.

El Informe

El Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, explicó durante la presentación del informe, que, durante las investigaciones realizadas, además de generar información y extenso material, revelaron la existencia de una lógica y forma de organización lícita e ilícita alrededor del Estado de Guatemala que ha llegado desde el pasado a rincones muy profundos, pero que también ha penetrado la cultura política del país. Lo que permitió sostener con fundamentos, afirmar que el Estado de Guatemala ha sido cooptado por redes político-económicas e ilícitas.

“Las lecciones aprendidas y las experiencias vividas nos permitieron al Ministerio Público y a la CICIG dar un salto cualitativo en la forma de desarrollar la investigación criminal, construir la teoría del caso e imputar hechos delictivos de alta sofisticación en cuanto pudimos incorporar mayores capacidades y mejores técnicas para la detección y persecución penal de los llamados fenómenos de macrocriminalidad”.

El Comisionado recordó que el 2015 tiene que ser visto como un proceso irreversible de cambio que llevó al país a una nueva forma de hacer política, a definir su futuro colectivo y que permitió consolidar la cultura de legalidad y transparencia a todo nivel. Mientras que el 2016 ha presentado nuevos desafíos.

“Bajo ese entendimiento para el 2016 se trazaron dos metas estratégicas. La primera, para identificar la existencia de realidad perversa de influencia ilícita de redes sobre el Estado de Guatemala y desarticularlas. La segunda, para formular la propuesta de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales para impedir que lo que ha sucedido y quedó evidenciado en 2015, continúe”, resaltó Velásquez.

El Comisionado detalló que mediante las investigaciones de casos de corrupción se logró detectar megaredes, que contaban con una cúpula estratégica de toma de decisiones que desde el Estado permitió la proliferación de múltiples subredes integradas por funcionarios públicos y particulares con el objetivo de saquear los recursos de varias instituciones del Estado.

Entre los casos que resalta la CICIG se encuentran: Cooptación del Estado; Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ-; La Cooperacha; Crédito Fiscal; Registro General de la Propiedad; Plazas Fantasma en el Congreso de la República; Banco de los Trabajadores, entre otros.

Además de sentencias históricas como la dictada en contra de la Jueza Jisela Reynoso, condenada por delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; Guddy Rivera, expresidente del Congreso de la República, sentenciado por tráfico de influencias; Pedro Muadi, expresidente del Organismo Legislativo, quien se encuentra procesado por los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero.

Por su parte, la jefa del Ministerio Público, señaló: “Caso tras caso, La Línea, Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado, Bufete de la Impunidad, Plazas Fantasmas, Lago de Amatitlán, Chico Dólar, y tantos otros más, nos han enseñado que no hay persona, organización o estructura tan grande como para que la ley no pueda alcanzarla. Es por ello que hoy quiero no solo felicitar a la CICIG por un año más de funcionamiento pleno en el país, sino que ratificar nuestro compromiso de seguir batallando pro la justicia en Guatemala sin importar contra qué ni contra quién tenemos que enfrentarnos”, detalló la Fiscal General.

“Esa batalla contra la impunidad, tiene que ser una batalla por la justicia y la paz. Tiene que comprometernos a buscar ees desarrollo con el que podamos eliminar, de una vez por todas, nuestros peores enemigos que están reflejados en la pobreza, el racismo y la discriminación. Guatemala está cambiando y tiene que seguir cambiando para alcanzar la paz social”, puntualizó la Jefa del MP.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016.

Un total de 28 paquetes de presunta cocaína contabiliza este día la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad del Ministerio Público con el apoyo de elementos de la Policía Nacional Civil y personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. La diligencia se lleva a cabo en un predio ubicado en el departamento de Quetzaltenango.

Según los fiscales, tres vehículos fueron escaneados esté día, los cuales fueron secuestrados durante un allanamiento. En unos de los automotores se localizó la presunta cocaína.

Personal de la DICRI realiza los análisis correspondientes en espera del resultado de la prueba de campo.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016

Los integrantes de la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional: “Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala”, estarán presentes el lunes 28 de noviembre en el Congreso de la República, durante la sesión donde se conocerán las Reformas al Sector Justicia.

“Vamos a estar presentes en el Congreso a las 10 de la mañana para observar la sesión. Estimamos que para Guatemala es un momento histórico importante que puede contribuir a cambiar el rumbo de las Instituciones del Sector Justicia para lograr su verdadera independencia y autonomía; y podamos como país empezar a avanzar en la construcción de la institucionalidad que tanto requiere el Estado guatemalteco”, explicó la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana.

Agregó: “Esperamos que se mantenga la integralidad de la propuesta y si hay modificaciones, sean para enriquecerla y no para entorpecer la buena marcha de las entidades del sector justicia”.

Por su parte, Iván Velásquez, Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, resaltó que estarán presentes pues se trata de un evento realmente muy importante para la democracia guatemalteca y el futuro de Guatemala.

“Aspiramos que la columna vertebral de la Reforma se mantenga y que no se desnaturalice este proyecto. Reitero, vamos a estar presentes como Secretaria Técnica conociendo las discusiones que se generan en el seno del Congreso de la Republica”, dijo Velásquez.

La Secretaría Técnica del Diálogo Nacional, está conformada por el Ministerio Público, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes contaron con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.

Guatemala, 24 de noviembre de 2016.

Al referirnos a la violencia contra la mujer hacemos relación a una forma de discriminación por razones de género, fomentada por la cultura patriarcal arraigada en nuestra sociedad; la cual se manifiesta de manera sistemática y estructurada en la vida de las mujeres, afectando a las familias, comunidades y a la sociedad en general.

Cada día son miles las víctimas que silenciosamente están siendo agredidas, por el hecho de ser mujeres. Golpes, abusos sexuales, psicológicos y económicos se convierten en una forma de vida para las mujeres que están sumergidas en esta violencia cuyas consecuencias son graves para la salud física y emocional de las personas y de su entorno.

Guatemala se encuentra entre los países de América Latina con más casos de violencia contra la mujer y femicidio. De enero de este año a la fecha se reportan 49,397 casos denunciados y 228 por femicidio. Hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, debemos reflexionar sobre la correcta forma de afrontar este delito por parte del Estado, de la sociedad y a nivel individual.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Veliz Franco y Velásquez Paiz y Otros vrs el Estado de Guatemala, nos muestran que existe una barrera cultural de discriminación y estereotipos sexistas que permea todas las instituciones del sector justicia. Para superar esta barrera se deben realizar cambios estructurales e institucionales acompañados del fomento a una cultura de respeto a los derechos humanos en el servicio que se brinda. Sólo así los casos de violencia contra la mujer se procesarán con la debida diligencia, con el pleno goce de los derechos a las garantías y protección judicial, a cualquier víctima que decida romper el silencio y buscar justicia.

Por su parte el Ministerio Público, siendo la Institución encargada de investigar y perseguir penalmente, y con base a la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, ha realizado acciones para fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia, a través de las Fiscalías de la Mujer (14 departamentos y 3 municipios) y modelos de atención integral a nivel nacional. Ambos mecanismos buscan brindar un servicio de calidad y calidez, incorporando el enfoque victimológico, la pertinencia de género y multicultural. Asimismo, se creó la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, encargada de promover la acción y persecución penal de los delitos que atenten contra la vida de las mujeres.

Como Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, en este día manifiesto mi compromiso de seguir trabajando para lograr un verdadero acceso a la justicia para las mujeres de Guatemala.

Thelma Esperanza Aldana Hernández

Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público

Guatemala, 25 de noviembre del 2016

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión con base a los diversos medios de investigación, logró que Jaquelin Alexia Escobar de la Cruz fuera condenada a 20 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato en grado de tentativa.

La Fiscalía comprobó ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, que el 29 de octubre de 2015, Escobar de la Cruz  atacó con un arma de fuego a  un piloto de un transurbano en el boulevard Los Olivos en la zona 18.

Los hechos fueron demostrados por medio de fotogramas extraídos de las cámaras de seguridad del sector, donde se observa cuando Escobar de la Cruz, sacó una  pistola de una cartera que portaba y espera cuando la víctima de 52 años se estacionó y le disparó dejándolo lesionado.

La investigación del MP también confirma por medio de testigos que Escobar de la Cruz un día antes del hecho, llegó al estacionamiento de buses de la ruta al Limón en la zona antes relacionada y entregó un teléfono celular a los pilotos de las unidades quienes recibieron 30 llamadas telefónicas y mensajes amenazantes, los cuales detallaban que si no cancelaban la extorsión serían asesinados.

Durante los allanamientos realizados por la Fiscalía efectuados en la vivienda de la agresora localizaron la cartera y los tenis blancos que ella llevaba puestos el día del ataque.

Guatemala 25 de noviembre de 2016

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad dirigió este día dos allanamientos de inspección, registro y secuestro con el saldo de dos personas detenidas sindicas de sembrar, producir y comercializar droga.

En uno de los inmuebles, ubicado en la 6ta avenida A 8-30, lotificación Barcenas, zona 3 del municipio de Villa Nueva se localizaron bolsitas conteniendo marihuana y varios blíster de cocaína.

En otra residencia fueron encontrados cuatro blíster de crack y dos capsulas que contenían cocaína y una planta de marihuana. Además, se incautaron Q.328.00, que se presume es dinero producto de la venta de las drogas.

Los Fiscales con el apoyo de elementos policiales coordinaron la captura en flagrancia de Luis Enrique Nájera Cruz y Marvin Abelardo Torres, quienes serán trasladados a Torre de Tribunales para que un juez les dé a conocer el motivo de su detención.

Guatemala, 25 de noviembre de 2016