El Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, detectó la existencia de una red integrada por abogados que tienen como función principal vender servicios de impunidad en los tribunales de justicia y a cambio de remuneraciones económicas, garantizar a sus clientes mediante sus influencias, resultados favorables.
Tras un operativo realizado hoy ocho de mayo, las autoridades lograron la aprehensión de tres de los abogados y la recaptura de tres sindicados en el caso de defraudación aduanera en el caso conocido como La Línea.
Los profesionales del derecho capturados son José Arturo Morales Rodríguez, quien lidera el despacho, coordina y planifica al grupo de personas que supuestamente gestionan medidas sustitutivas a favor de sus clientes.
Ruth Emilza Higueros Alay, quien asigna las tareas a los procuradores y abogados del grupo que habría negociado la medida sustitutiva de Francisco Javier Ortiz Arriaga, Julio Estuardo González de León y de Miguel Ángel Lemus Aldana. Fue funcionaria del Organismo Judicial como secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal a cargo de Jisela Yadel Reinoso Trujillo.
Otro de los aprehendidos es el abogado Jorge Luis Escobar Gómez, una de las personas que le dan apariencia de legalidad a los actos de corrupción de la organización.
Los delitos
A Morales Rodríguez, Higueros Alay se le sindica con los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo; mientras que a Escobar Gómez y otros abogados y procuradores se les sindicará el delito de asociación ilícita.
Por aparte el Ministerio Público ha iniciado el trámite de antejuicio contra la jueza octava Marta Josefina Sierra González de Stalling, quien habría cometido los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.
En la investigación del grupo de defraudadores aduaneros “La Línea”, los usuarios del bufete de la impunidad que supuestamente negoció con la jueza fue Luis Alberto Mendizábal Barrutia, quien evadió a las autoridades hoy, por eso se solicitó ante la Policía Internacional la alerta roja para que sea aprehendido.
Entre los indicios presentados por el Ministerio Público se encuentran: interceptaciones telefónicas donde se evidencia negocios entre Sierra de Stalling, que habrían tenido como resultados las medidas sustitutivas a favor de seis de los 22 sindicados.
También demostraron el movimiento de cheques emitidos por casi dos millones de quetzales.
Guatemala, 8 de mayo de 2015.