En la conferencia de prensa conjunta entre el Ministerio Público, (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad, (CICIG), y el Ministerio de Gobernación; la Fiscal General Thelma Aldana, dieron a conocer sobre la solicitud de antejuicio en contra de la jueza Marta Sierra de Salling, por considerar que entre ella y seis integrantes de una red de defraudadores aduaneros recientemente desarticulada, pudieron llegar a negociaciones para ser beneficiados con una medida sustitutiva.
La solicitud de antejuicio fue planteado a la oficina de gestión penal del Organismo Judicial, por los delitos de prevaricato y cohecho pasivo, el cual fue enviado al Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, presidido por la misma juzgadora.
Los argumentos de dicha solicitud fueron derivados luego de que el pasado 16 de abril, la jueza convocó de una forma poco usual y apresurada a los fiscales para celebrar la audiencia de primera declaración de los sindicados, y tenía como objetivo concluirla ese mismo día, sin embargo no se pudo culminar debido a la magnitud de los operativos, por lo que fue reprogramada.
La audiencia finalizó cinco días después, pero solo 16 de 22 sindicados fueron enviados a prisión preventiva, los otros seis fueron beneficiados con una medida sustitutiva y arresto domiciliario.
El argumento de la juzgadora fue que los sindicados no ostentaban la calidad de funcionarios públicos.
El delito de cohecho fue formulado por las interceptaciones telefónicas que sostuvieron Luis Alberto Mendizábal Barrutia – quien prestaba las instalaciones de la Boutique Emilio, de su propiedad, para sostener reuniones frecuentes y cuyo parqueo utilizaban para repartición de dinero presuntamente ilícito y Francisco Ortiz Arriaga; en las pláticas que realizaron en los tres días desde la aprehensión se detectó que tenían que conseguir dinero en efectivo para lograr las medidas sustitutivas.
Tras estas acciones, el MP solicitó un informe a la Intendencia de Verificación Especial, en donde determinaron el movimiento de un millón 300 mil quetzales y de 74 mil 200 dólares los cuales fueron realizados por una hija de uno de los sindicados -Francisco Ortiz- y de una su hijastra.
La suma de los movimientos bancarios llegó a un millón nueve cientos mil quetzales, y en la justificación afirmaron que se trataba para pagar una fianza, pero el día de las transacciones aún no estaba resulto.
El planteamiento será enviado a la jueza Sierra de Stalling, quien indudablemente debe de inhibirse, por lo tanto el expediente será enviado al juez correspondiente para que inmediatamente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia para que se designe a un juez pesquisidor y que luego que la CSJ resuelva a lugar la formación de causa contra la jueza en mención.
Guatemala, 8 de mayo de 2015.