El Ministerio Público mediante las investigaciones y litigios realizados por la Fiscalía de Distrito Metropolitano logró que en distintos Tribunales se emitieran siete condenas contra 13 personas contra quienes se demostró que participaron en los delitos de robo, robo agravado en grado de tentativa y hurto agravado.
En el Tribunal Segundo de Sentencia Penal fue condenado a tres años de privación de libertad Junior Hiram García López por el delito de robo. Por el mismo delito fueron sentenciados Job Cortez y Eduardo Tercero, a tres años de prisión quienes deberán resarcir a su víctima por la cantidad de Q. 4 mil.
También fueron condenados Edwin Fernando Segura y Wilder Geovani Esquivel Estrada, sentenciados a tres años de cárcel luego de que los Fiscales presentaron las pruebas que demostraron que son responsables del delito de robo.
El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal resolvió condenar a tres años de privación de libertad inconmutables a Fidel Furgencio Saldaña Rosales debido a que las pruebas que presentaron los Fiscales demostraron que es responsable de haber cometido el delito de robo.
En otro caso, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal condenó a seis años por el delito de robo agravado en grado de tentativa y por coacción a dos años más para un total de ocho años de cárcel a Gerson Noé de León de León; mientras que a cuatro años de prisión a Jonathan Alfonso Estrada Herrera, Josué Enmanuel Monzón Chajón y Ricardo Antonio Virula González.
Carlos Alberto Luna Vásquez fue condenado a dos años de privación de libertad luego de que los Fiscales demostraron ante el Tribunal Décimo Tercero que cometió el delito de robo en grado de tentativa.
La Fiscalía de Distrito Metropolitano señaló a Jonathan Ulises Hernández Bethancourt y Erick Roberto Barrios Alvarado como responsables de haber cometido los delitos de hurto agravado por lo que el Tribunal de Sentencia Penal resolvió una pena de cuatro años de prisión inconmutables y además ordenó que cada uno de los sindicados entregue la cantidad de Q. 1,500.00 a su víctima en concepto de reparación digna.
Guatemala, 31 de diciembre de 2016.