El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, logró con base a medios de convicción que el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, dictara auto de procesamiento en contra de cinco personas sindicadas de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El juez Walter Villatoro durante la resolución manifestó que existen los suficientes indicios racionales de la presunta participación en los hechos que le sindica el Ministerio Público y consideró procedente ligar a proceso a Carlos Ramiro Moino Cárdenas por los delitos de asociación ilícita, fraude y defraudación aduanera, a Oscar Armando García Muñoz por fraude de forma continuada a Luis Alfredo Morales Palma por asociación ilícita y fraude.
En el caso de Rebeca Cordón asociación ilícita y fraude, mientras que a Dominga Estela Cuellar Hernández,por incumplimiento de deberes en forma continuada.
Los hechos
La investigación realizada por el Ministerio Público detalla que presuntamente las cinco personas participaron en la firma anómala de tres contratos de alquiler de un edificio ubicado en la zona 9, por cinco años a razón de 30 mil dólares mensuales.
También realizaron la adquisición de una solución integral de sistemas informáticos SAP o su equivalente que incluyera la instalación, migración de datos puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de Gestión Administrativa de los Recursos Gubernamentales (GRP) con un valor estimado de Q 243 mil quetzales sin justificar dicho valor, no tomando en cuenta que el IGSS contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores tanto administrativas como médicas.
También tienen relación con la compra de 50 ambulancias donde el valor unitario era de 880 mil quetzales cada una, y en ese entonces se estimó ese precio, pese a que según las cotizaciones el costo de las ambulancias debería de ser menor de acuerdo con las especificaciones requeridas por el (IGSS).
Presuntamente los hechos ilícitos fueron cometidos en septiembre de 2013 a noviembre de 2014.
Guatemala 2 de diciembre de 2016